CAPMI MIRANDA RECHAZA EL USO DE LA BANCA COMO ALCABALA FINANCIERA Y EXIGE EL RESTABLECIMIENTO DEL CRÉDITO PRODUCTIVO
Desde la Cámara de Artesanos, Pequeños, Medianos Industriales del Estado Miranda (CAPMI Miranda), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actualización del tarifario de operaciones bancarias emitida por el Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial N° 43.427). Esta medida oficializa y agrava una distorsión estructural: la metamorfosis del sistema financiero, que ha abandonado su naturaleza crediticia para convertirse en un modelo puramente rentista y transaccional.
1. Desviación de la función bancaria tradicional
La razón de ser de la banca es captar el ahorro del público para ponerlo a producir mediante préstamos e inversiones rentables que impulsen el aparato productivo. Sin embargo, la constante devaluación, la indisciplina fiscal y un encaje legal asfixiante —orientado a frenar la presión cambiaria a costa de anular el financiamiento— terminaron por destruir el negocio bancario tradicional. Ante la ausencia de crédito, la intermediación financiera ha pasado de ser un socio del desarrollo a un monopolio transaccional que cobra peaje por el simple uso de la moneda nacional y extranjera.
2. Extracción tributaria sobre el capital ajeno
Rechazamos que el costo de mantener las estructuras bancarias se traslade a la población y a los sectores productivos. La imposición de comisiones que van desde el 0,30% hasta un 3,8% en retiros y hasta un 5% en la compra de divisas —sumado a penalizaciones de 14 bolívares por transacciones fallidas o rechazadas— no representa una simple tarifa de servicio. Se trata de una auténtica extracción tributaria sobre dinero ajeno en un entorno operado masivamente de forma digital y con agencias desiertas.
3. Amputación de la competitividad e incentivo a la informalidad
Este esquema asesta un duro golpe a la Pequeña y Mediana Industria (PyMI) y al pequeño comercio, cuyo margen de ganancia ya se encuentra erosionado por impuestos municipales de hasta 3% y por la competencia desigual con productos importados altamente subsidios. Sumar un costo transaccional y cambiario a cada operación destruye la competitividad nacional, encarece la vida del ciudadano y empuja a la economía hacia la informalidad y el uso del efectivo fuera del sistema.
Lamentamos que la pérdida de valor del capital y la parálisis del crédito hayan socavado la función bancaria en el país; pero ello no justifica "pasarle la factura" al pueblo ni a los productores. La bancarización no puede ser un gravamen obligatorio. Exigimos políticas macroeconómicas de fondo que recuperen el valor de la moneda, reduzcan el encaje legal y restituyan la función crediticia como único camino hacia la reactivación económica.
Junta Directiva de CAPMI Miranda
En defensa de la industria nacional, el comercio formal y la economía productiva.
"Saludamos como una medida sumamente positiva y pragmática la decisión del SENIAT de eliminar la fecha de vencimiento del RIF, así como la derogación de la homologación previa de los sistemas informáticos de facturación. Desmontar la traba procedimental y la sobre-regulación acumulada durante años es un paso indispensable para devolver la tranquilidad operativa a los actores económicos.
La simplificación de trámites debe profundizarse si queremos acelerar la recuperación económica de Venezuela. Una administración ágil devuelve libertad al ciudadano, fomenta la competitividad e incrementa la recaudación tributaria sobre una base contributiva más amplia, sostenible y con tasas razonables.
Del mismo modo, insistimos en la necesidad de revisar el sistema de retenciones del IVA. Las empresas no son agentes naturales de fiscalización ni de fuerza pública; forzar a un empresario a vigilar tributariamente a sus aliados comerciales distorsiona la dinámica del mercado. Esta delegación de funciones administrativas entorpece la reactivación productiva.
Asimismo, la calificación como Sujeto Pasivo Especial (Contribuyente Especial) debe acotarse estrictamente a las grandes corporaciones, evitando trasladar esa carga operativa y riesgo sancionatorio a la pequeña y mediana empresa. La eficacia recaudadora debe enmarcarse siempre en la presunción de buena fe consagrada en nuestra Constitución.
A seis años de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, la realidad ha demostrado que no es posible sustituir la renta petrolera mediante el incremento de la presión fiscal o la persecución tributaria. Para incentivar la formalización y la creación de nuevas empresas, es momento de consolidar un clima de confianza, certeza jurídica y serenidad para el contribuyente."
