Los Teques. Ante las recientes declaraciones emitidas por la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro sobre la delegación de la cobranza directa del servicio público de aseo urbano a la empresa EcoGuaicaipuro, esta representación gremial fija su postura institucional en resguardo de la legalidad, la transparencia tributaria y las garantías constitucionales del ciudadano y el sector comercial.
Recordamos que la contraprestación por el servicio de aseo urbano posee legalmente la naturaleza jurídica de tasa tributaria y no la de una tarifa comercial. En el derecho administrativo y tributario venezolano, las tasas corresponden al sostenimiento público de un servicio obligatorio al costo real de su prestación. La administración pública y los servicios municipales no son operaciones destinadas a generar utilidades financieras o lucro empresarial; su razón de ser es la sostenibilidad financiera mediante la contribución de los ciudadanos. Nadie paga tributos para generar ganancias a una entidad corporativa.
Una empresa privada —aun estando adscrita a la municipalidad— carece de potestad para fijar unilateralmente tarifas, exigiéndolas como si de un contrato privado se tratase. Los comerciantes y residentes no están jurídicamente obligados a suscribir contratos de naturaleza comercial con una entidad privada para un servicio público esencial cuyo marco legal se fundamenta en el poder tributario del municipio.
Ninguna empresa de carácter privado o ente descentralizado puede sustituir ni usurpar las funciones exclusivas de recaudación de los tributos de la administración tributaria municipal. Pretender que una empresa asuma la cobranza directa y el control financiero en beneficio propio contraviene los principios constitucionales de reserva legal y potestad tributaria.
Alertamos sobre el despliegue de operativos y fiscalizaciones dirigidas al sector comercial e industrial donde se pretende instruir a los empresarios sobre la “obligación” de contratar y pagar a una empresa privada. Consideramos que la administración pública está asesorando erróneamente a los contribuyentes, intentando validar un cobro que desplaza la tasa tributaria legalmente establecida por un esquema tarifario corporativo.
Desde esta representación gremial, instamos formalmente al alcalde Farith Fraija y a las autoridades del Municipio Guaicaipuro a:
1. Respetar, cumplir y hacer cumplir el marco legal y tributario que protege a los ciudadanos y comerciantes frente a eventuales desviaciones de poder o abusos administrativos.
2. Determinar de manera transparente y participativa el cálculo real, al costo, de la tasa del servicio de aseo urbano, conforme a las leyes aplicables. (LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA BASURA, LEY ORGANICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, LEY DE COORDINACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LAS POTESTADES TRIBUTARIAS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, entre otras).
3. Garantizar que la recaudación se realice única y exclusivamente a través de los canales institucionales de la Administración Tributaria Municipal.
La Junta Directiva
Referencias:
https://diarioavance.com/ecoguaicaipuro-asume-cobro-directo-del-servicio-de-aseo/
https://www.instagram.com/p/DeSYzVNIEl3/
https://diarioavance.com/fiscales-instruyen-a-comerciantes-sobre-pago-del-aseo/
Los Teques. — El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del Estado Miranda (CAPMI Miranda) expresó el firme respaldo de la institución a las recientes declaraciones emitidas por Tito López, presidente de CONINDUSTRIA.
"Las declaraciones de Tito López son totalmente acertadas. Es indispensable e impostergable desmontar el marco normativo que impone una excesiva e insostenible carga tributaria y administrativa sobre el sector privado. Llevamos más de dos décadas arrastrando leyes, regulaciones viciadas y prácticas irregulares que han provocado el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas e industrias, las cuales se ven materialmente imposibilitadas de cumplir con semejante maraña burocrática bajo la constante amenaza de multas confiscatorias", señaló.
El vocero gremial enfatizó la necesidad de ir al fondo del problema mediante una transformación legal profunda: "La gran reforma tributaria que requiere Venezuela exige la derogación o sustitución del Código Orgánico Tributario de 2020, cuyo esquema sancionatorio fue diseñado para la hiperinflación de aquel momento —hoy moderada—, pero que hoy opera como un freno desmedido a la actividad productiva".
Asimismo, advirtió sobre la brecha que esto genera entre distintos estratos empresariales: "Solo las grandes corporaciones cuentan con la estructura necesaria para asumir las tareas que la administración pública les ha delegado por obligación, sin contraprestación alguna ni cobertura de costos. En cambio, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a comprometer una enorme cantidad de recursos —desproporcionada respecto a sus ingresos y renta— para cumplir con las exigencias impuestas en los ámbitos nacional y municipal".
Sobre la sustentabilidad económica del país, alertó que la voracidad fiscal no es sustituto de los ingresos fiscal-petroleros tradicionales: "La presión tributaria no podrá jamás reemplazar el flujo monetario que generaba la renta petrolera; por el contrario, terminará asfixiando el esfuerzo de los venezolanos en este incipiente proceso de recuperación. Cuando hablamos de recuperación económica, nos referimos al bienestar y sostenibilidad de los ciudadanos y de las empresas, no al sostenimiento de un aparato estatal adaptado a ingresos petroleros que ya no existen".
De igual forma, cuestionó el enfoque punitivo del Estado frente a la inversión: "Anunciar constantemente revisiones, fiscalizaciones y medidas de control no genera la confianza ni las garantías de libertad económica que el país necesita. Hoy nos encontramos en los últimos lugares en cuanto a facilidades para hacer negocios: enfrentamos todas las restricciones imaginables y no gozamos de ninguna ventaja competitiva".
Para finalizar, el presidente de CAPMI Miranda subrayó el impacto directo sobre el consumidor final y la competitividad: "La acumulación de impuestos en cada eslabón de la cadena productiva ha inflado artificialmente los precios hasta niveles que nos dejan fuera de la competencia global. Es alarmante que productos importados resulten más económicos que los nacionales: por ejemplo, un yogur cuesta menos de 2 euros en cualquier mercado europeo, mientras que en Venezuela supera los 6 dólares. La administración pública debe replantear su rol y dedicarse a impulsar al sector privado, al cual se debe y a quien le debe prestar servicios administrativos y operativos eficientes financiados a través de los impuestos".
La Junta Directiva
Referencias:
La cámara empresarial mirandina señala que el colapso del monopolio estatal demuestra la urgencia de una gestión transparente, con seguridad jurídica y encadenamientos productivos para las PyMEs locales.
CARACAS / LOS TEQUES — 31 de agosto de 2026 —
La Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda (CAPMI Miranda) emitió este lunes un pronunciamiento institucional con motivo del reinicio de operaciones y nuevos acuerdos de la industria energética con operadoras internacionales tradicionales, destacando la necesidad crucial de transformar este viraje económico en una oportunidad real para la reactivación del tejido productivo nacional.
Desde la perspectiva de la industria manufacturera y de servicios del estado Miranda, la eficiencia de cualquier sector económico radica en el control riguroso de sus capacidades y recursos. La experiencia histórica acumulada desde la nacionalización petrolera de 1976 confirmó que intentar gestionar una industria de alta complejidad tecnológica e inversión de capital exclusivo desde la administración pública representó un grave error institucional, propicio para la burocratización, la captura de rentas y la descapitalización del aparato productivo.
El gremio industrial destacó que el colapso del modelo estatalista no solo afectó las cifras de producción extractiva, sino que desmanteló progresivamente las cadenas de valor y suministros locales, perjudicando de manera directa a cientos de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) metalmecánicas, químicas, eléctricas y de servicios industriales que históricamente sustentaban la operatividad del sector energético.
Pilares para una Recuperación Sostenible
Ante la firma de los nuevos esquemas operativos con transnacionales de trayectoria, CAPMI Miranda fija posición sobre tres pilares fundamentales que deben regir el nuevo ciclo económico del país:
“El retorno del negocio petrolero a manos de quienes poseen la tecnología, la capacidad financiera y la experiencia operacional no es una casualidad, sino la consecuencia lógica tras el agotamiento del monopolio público. Sin embargo, para el sector industrial de Miranda, este retorno solo será virtuoso si se traduce en oportunidades equitativas para las empresas venezolanas y en un modelo auditable que beneficie de manera directa al aparato productivo y al ciudadano”, expresó la Junta Directiva de la institución.
CAPMI Miranda reiteró su compromiso de fungir como puente técnico e institucional para articular esfuerzos entre el capital privado internacional, las autoridades competentes y el ecosistema empresarial local, con el objetivo firme de recuperar la capacidad industrial y generar empleos productivos y de calidad en la región.
La Junta Directiva
CAPMI MIRANDA RECHAZA EL USO DE LA BANCA COMO ALCABALA FINANCIERA Y EXIGE EL RESTABLECIMIENTO DEL CRÉDITO PRODUCTIVO
Desde la Cámara de Artesanos, Pequeños, Medianos Industriales del Estado Miranda (CAPMI Miranda), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la actualización del tarifario de operaciones bancarias emitida por el Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial N° 43.427). Esta medida oficializa y agrava una distorsión estructural: la metamorfosis del sistema financiero, que ha abandonado su naturaleza crediticia para convertirse en un modelo puramente rentista y transaccional.
1. Desviación de la función bancaria tradicional
La razón de ser de la banca es captar el ahorro del público para ponerlo a producir mediante préstamos e inversiones rentables que impulsen el aparato productivo. Sin embargo, la constante devaluación, la indisciplina fiscal y un encaje legal asfixiante —orientado a frenar la presión cambiaria a costa de anular el financiamiento— terminaron por destruir el negocio bancario tradicional. Ante la ausencia de crédito, la intermediación financiera ha pasado de ser un socio del desarrollo a un monopolio transaccional que cobra peaje por el simple uso de la moneda nacional y extranjera.
2. Extracción tributaria sobre el capital ajeno
Rechazamos que el costo de mantener las estructuras bancarias se traslade a la población y a los sectores productivos. La imposición de comisiones que van desde el 0,30% hasta un 3,8% en retiros y hasta un 5% en la compra de divisas —sumado a penalizaciones de 14 bolívares por transacciones fallidas o rechazadas— no representa una simple tarifa de servicio. Se trata de una auténtica extracción tributaria sobre dinero ajeno en un entorno operado masivamente de forma digital y con agencias desiertas.
3. Amputación de la competitividad e incentivo a la informalidad
Este esquema asesta un duro golpe a la Pequeña y Mediana Industria (PyMI) y al pequeño comercio, cuyo margen de ganancia ya se encuentra erosionado por impuestos municipales de hasta 3% y por la competencia desigual con productos importados altamente subsidios. Sumar un costo transaccional y cambiario a cada operación destruye la competitividad nacional, encarece la vida del ciudadano y empuja a la economía hacia la informalidad y el uso del efectivo fuera del sistema.
Lamentamos que la pérdida de valor del capital y la parálisis del crédito hayan socavado la función bancaria en el país; pero ello no justifica "pasarle la factura" al pueblo ni a los productores. La bancarización no puede ser un gravamen obligatorio. Exigimos políticas macroeconómicas de fondo que recuperen el valor de la moneda, reduzcan el encaje legal y restituyan la función crediticia como único camino hacia la reactivación económica.
Junta Directiva de CAPMI Miranda
En defensa de la industria nacional, el comercio formal y la economía productiva.
"Saludamos como una medida sumamente positiva y pragmática la decisión del SENIAT de eliminar la fecha de vencimiento del RIF, así como la derogación de la homologación previa de los sistemas informáticos de facturación. Desmontar la traba procedimental y la sobre-regulación acumulada durante años es un paso indispensable para devolver la tranquilidad operativa a los actores económicos.
La simplificación de trámites debe profundizarse si queremos acelerar la recuperación económica de Venezuela. Una administración ágil devuelve libertad al ciudadano, fomenta la competitividad e incrementa la recaudación tributaria sobre una base contributiva más amplia, sostenible y con tasas razonables.
Del mismo modo, insistimos en la necesidad de revisar el sistema de retenciones del IVA. Las empresas no son agentes naturales de fiscalización ni de fuerza pública; forzar a un empresario a vigilar tributariamente a sus aliados comerciales distorsiona la dinámica del mercado. Esta delegación de funciones administrativas entorpece la reactivación productiva.
Asimismo, la calificación como Sujeto Pasivo Especial (Contribuyente Especial) debe acotarse estrictamente a las grandes corporaciones, evitando trasladar esa carga operativa y riesgo sancionatorio a la pequeña y mediana empresa. La eficacia recaudadora debe enmarcarse siempre en la presunción de buena fe consagrada en nuestra Constitución.
A seis años de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020, la realidad ha demostrado que no es posible sustituir la renta petrolera mediante el incremento de la presión fiscal o la persecución tributaria. Para incentivar la formalización y la creación de nuevas empresas, es momento de consolidar un clima de confianza, certeza jurídica y serenidad para el contribuyente."
La Junta Directiva
